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La Organización Mundial Contra la Tortura presenta un amicus curiae en favor del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, defensores de Derechos Humanos en Colombia, apoyándose en un concepto acuñado por el Grupo de Acción Comunitaria

Tradicionalmente, la tortura ha sido medida y estudiada exclusivamente como un método. Sin embargo, este enfoque resulta limitante, en tanto que no contempla las infinitas formas de tortura que la imaginación de los perpetradores puede producir, ni tampoco sus métodos, o la experiencia individual y subjetiva de las víctimas. El término “Entornos Torturantes” busca precisamente superar este escollo. Se trata de un concepto que no analiza la tortura focalizándose únicamente en los métodos de tortura, sino que además se concentra en estudiar el contexto en el que se ejerce. Es decir, en el “entorno”. 

Este concepto entiende que la tortura no se debe a una sola técnica, sino que depende de un efecto acumulativo o de la combinación de varios métodos de tortura que, utilizados de forma alineada, no producirían los mismos efectos. De esta forma, cualquier elemento de la vida cotidiana puede formar parte de un entorno torturante, siempre que sea utilizado como forma de provocar o agravar el sufrimiento físico o psicológico de una persona, o bien si se emplea específicamente con el propósito de torturar. Así, un entorno torturante está construido a partir de elementos contextuales, de condiciones o de prácticas, que persiguen anular la voluntad y el control de la víctima: ya sea agrediéndola de forma física, cognitiva, emocional o sensorial; y, en todo caso, provocándole sufrimiento, daños y una ruptura de su identidad. 

Siguiendo esta definición, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) se ha apoyado en el concepto de “Entornos Torturantes” para describir y denunciar la persecución sistemática que sufre el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) en Colombia. En su amicus curiae en defensa de esta organización defensora de Derechos Humanos, la OMCT denuncia que el Estado de Colombia ha creado un entorno de tortura del que el colectivo CAJAR es víctima. El organismo sostiene que esta violación de Derechos Humanos ha supuesto un sufrimiento grave para todos sus integrantes y, por tanto, es constitutiva de tortura y malos tratos. 

El documento describe cómo desde su fundación hace más de 30 años, los miembros  de CAJAR han tenido que enfrentarse a un clima extremadamente hostil, tanto para ellos, como para sus allegados y familiares. El escrito enumera diferentes ataques tanto encubiertos como públicos por parte de los diferentes gobiernos colombianos a lo largo de las décadas, y destaca campañas de descrédito, acoso judicial o incluso detenciones arbitrarias. 

 

CAJAR, con personalidad jurídica de los años 80,  es una de las primeras organizaciones de Derechos Humanos en Colombia. Está compuesta por abogados y abogadas que defienden y promueven los Derechos Humanos, los derechos medioambientales y el derecho de los pueblos, con el objetivo de contribuir a la configuración de una sociedad justa y equitativa. En su trabajo se incluye la lucha contra la impunidad en los casos de graves violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia; y la búsqueda de la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables. CAJAR representa y asesora jurídicamente a numerosas víctimas de violaciones y DDHH en Colombia y ha entablado varias denuncias nacionales, regionales e internacionales contra el Estado Colombiano. 

La OMCT también señala cómo las integrantes de CAJAR han sufrido hostigamientos particulares, persecuciones por parte de grupos paramilitares,  seguimientos por parte de la Policía Nacional, e incluso atentados contra su integridad física. Como consecuencia, las participantes de CAJAR presentan profundos cuadros de estrés, problemas para dormir o enfermedades físicas ligadas al estrés y el miedo. Asimismo, algunas de sus integrantes se han visto obligadas a exiliarse o cambiarse de localidad – con el perjuicio social, familiar y económico que eso conlleva -, y en su día a día son sometidas a continuas restricciones en sus desplazamientos y comunicaciones.

A todo lo anterior, cabe sumar el hecho de que éstos ataques no sólo afectan directamente a quienes lo sufren, sino que también ejercen un efecto amedrentador entre todas las personas integrantes de que de alguna forma u otra forman parte del colectivo. En este sentido, el escrito destaca cómo los miembros de CAJAR señalan tener una sensación constante de tener que enfrentarse a la muerte.

Esto no solo constituye trato cruel e inhumano, sino que se enmarca en lo que se entiende como entorno torturante. La OMCT señala como este miedo, sumado a las amenazas, persecuciones y hostigamientos, genera un efecto combinado que constituye un espacio de tortura. Aquí, tanto las víctimas como sus familiares sienten haber perdido el control de sus propias vidas, al saberse bajo la sumisión y el control del Estado.

Reconocimiento al trabajo del GAC

La redacción de este amicus curiae apoyado en el concepto de “Entornos Torturantes”, supone un gran paso y un reconocimiento a la labor del Grupo de Acción Comunitaria, y al trabajo de su coordinador Pau Pérez Sales, en particular. En este sentido, la OMCT se sirve del trabajo teórico y de campo elaborado por la entidad e incluso destaca algunos de sus últimos trabajos realizados en esta línea, tales cómo el análisis de las condiciones de acogida en los centros de detención de migrantes en México o el análisis de los campos de refugiados en Lesbos (Grecia). 

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El Grupo de Acción Comunitaria es una organización de Derechos Humanos y Salud Mental vinculada al trabajo psicosocial y comunitario desde 1997. Durante más de 20 años, nos hemos dedicado a la formación, la investigación, la documentación y al acompañamiento psicosocial.

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