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Pau Pérez Sales, director clínico del Centro Sir[a], escribe para la OMCT sobre la necesidad de entender la desaparición forzada como tortura, por el sufrimiento permanente que supone para los familiares, de cara a garantizar procesos de justicia y reparación adecuados
Hace unas semanas, llevé a cabo un taller con las valientes mujeres de ANFASEP, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos de Perú, en Ayacucho. En esta pequeña ciudad, la violencia sigue formando parte de la vida cotidiana. Cuando la organización comenzó en 1983, había unas 1.000 mujeres afiliadas, esposas y madres de desaparecidos. Hoy, solo 85 de ellas siguen vivas. Son mujeres mayores, en cuyos rostros y voces se puede leer el sufrimiento de más de treinta años de búsqueda de sus familiares, de búsqueda de verdad y justicia.
Representan la realidad de las decenas de miles de familiares de desaparecidos por la violencia política. Alrededor del mundo, buscan a sus seres queridos y se enfrentan a la humillación, las amenazas, la coacción, el engaño y el silencio en su búsqueda, viviendo en el sufrimiento y en la herida permanente de la duda, atrapados entre la necesidad del duelo y la imposibilidad de llevarlo a cabo.
José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala tenían 18 años cuando fueron secuestrados y torturados por los GAL, un grupo paramilitar patrocinado por el Estado en el País Vasco. Tras las torturas, se encontraban en tan mal estado que la Guardia Civil decidió ejecutarlos y enterrarlos en cal viva. Sus familiares y seres queridos los buscaron durante catorce años, mientras el Estado negaba tenerlos, hasta que sus restos fueron identificados. El trauma de estos años de sufrimiento sigue presente en sus seres queridos. Aunque los cadáveres aparecieron, las familias nunca se recuperaron.
De alguna manera fueron más afortunados que Mamá Angélica, la fundadora de ANFASEP, que murió en 2017 tras cuarenta años de búsqueda sin encontrar a su hijo. A pesar del intenso sufrimiento y el trauma, los seres queridos de las víctimas de desapariciones forzadas apenas son reconocidos y tratados como víctimas por sus Estados y sistemas de justicia penal.
Ante este panorama, la revista Torture Journal realizó una investigación especial interdisciplinaria de expertos en el campo de la desaparición forzada y la tortura para evidenciar el intenso sufrimiento de los familiares de personas desaparecidas forzosamente y torturadas en diferentes marcos culturales, diferentes tipos de conflicto y diferentes momentos, y la evolución de los impactos médicos y psicológicos en el tiempo. Se tomaron en cuenta casos de Chile, Colombia, El Salvador, México, Argentina, Argelia e India, y la investigación incluía una revisión de casos africanos.
Existe una gran cantidad de literatura empírica o testimonial que aborda el grave, multifacético y complejo sufrimiento de los familiares de las víctimas de desaparición forzada.
En muchos casos, los familiares han sido testigos directos de la desaparición. Los seres queridos suelen imaginar las circunstancias de la desaparición, la angustia y la impotencia de la víctima, los posibles actos de tortura que puede haber sufrido después y el estado en el que puede encontrarse en este momento. Todo ello genera un grave impacto traumático directo o vicario, en el primer caso como testigo, trauma directo, y en el segundo, a través de las cavilaciones y la culpa, como trauma secundario o trauma vicario.
La desaparición forzada contiene, por definición, un elemento intencional. El Estado retiene información sobre la persona desaparecida con un objetivo claro: tener un impacto en la red social y política y en los seres queridos de la persona desaparecida. Esto implica no solo a la familia, sino también a la sociedad en su conjunto.
El miedo que se genera en el entorno y en el resto de la sociedad hace que los seres queridos sufran un aislamiento. La familia del desaparecido se queda muy a menudo aislada y ve cómo se rompe su red de apoyo. Este sufrimiento se ve reforzado por los elementos de tortura psicológica que el propio Estado genera al negar que tiene a la persona detenida o al dar información falsa sobre dónde podría estar.
Como todos los esfuerzos de búsqueda resultan infructuosos, se generan procesos psicológicos en los familiares para asimilar la pérdida de su ser querido. Pero los seres queridos, en el caso de la desaparición forzada, no tienen pruebas ni restos que velar, y el proceso de duelo se hace imposible.
Los familiares se enfrentan a una batalla irresoluble: necesitan creer y pensar que el familiar sigue vivo y en algún lugar para seguir buscando y alimentar la esperanza, pero al mismo tiempo, necesitan asumir que no va a volver para continuar con sus vidas, para poder resolver cuestiones prácticas, para recolocar sentimientos, especialmente en los miembros de las generaciones más jóvenes. En consecuencia, se enfrentan a intensos sentimientos de vergüenza o culpabilidad.
La investigación muestra que la vida se suspende debido a la imposibilidad de recuperar cualquier forma de normalidad, y hay un daño permanente y transgeneracional. Los familiares están condenados a vivir en la incertidumbre y la angustia, ya que existe una «orden de búsqueda» transmitida de la primera generación (padres, pareja de la persona desaparecida) a la segunda (hijas e hijos) o, como indican los estudios, a la tercera (nietas y nietos). Cualquier proceso de duelo y luto es sencillamente imposible.
A menudo se produce una ruptura familiar, con enfrentamientos, acusaciones o polarización entre los miembros de la familia y, en muchos casos, una ruptura del proyecto de vida y de las relaciones con los seres queridos. En este sentido, el sufrimiento es intenso, permanente, transmitido a las generaciones futuras y con características que lo hacen muy difícil de abordar desde el punto de vista médico o psiquiátrico. Por ello, los esfuerzos de rehabilitación son complejos y exigen recursos y habilidades técnicas especiales.
El sufrimiento de los familiares se define con la palabra ambivalencia: ambivalencia entre la esperanza y la desesperación, entre reconstruir la vida pero al mismo tiempo sentirse traicionado, entre hablar de lo sucedido y hacer un pacto de silencio en la familia para no provocar más sufrimiento, la ambivalencia entre perseguir la búsqueda de la verdad y la justicia y el riesgo que esto conlleva en muchos contextos.
La investigación muestra que, por todo lo anterior, hay elementos más que suficientes para considerar que se cumplen los criterios de sufrimiento grave, intencionalidad, finalidad y papel del Estado que exige la definición de tortura de la Convención de Naciones Unidas, y que la pesadilla de los seres queridos de los desaparecidos debe considerarse tortura.
Hacia el reconocimiento de la Desaparición Forzada como tortura
El 22 de septiembre de 2022, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) y la OMCT celebraron una reunión informativa temática con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) para impulsar un mayor reconocimiento y protección de los familiares y otros seres queridos de los desaparecidos forzosos en todo el mundo.
El nivel de angustia y sufrimiento infligido a los familiares ha sido considerado en repetidas ocasiones por la comunidad médica, psicológica y jurídica como de suficiente gravedad para alcanzar el umbral de la definición de tortura. Sin embargo, a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas se les acosa de forma sistemática en muchos países. La búsqueda de la verdad los expone a un gran peligro, pudiendo sufrir incluso el mismo destino.
Durante la sesión informativa, dos expertos, Pau Pérez, psiquiatra, redactor jefe de la revista Torture Journal y director clínico de SiRa, y Bernard Duhaime, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Quebec en Montreal y antiguo miembro y presidente del WGEID, presentaron las principales conclusiones de la investigación que dio lugar a la publicación de una sección especial sobre la desaparición forzada como forma de tortura en el número 2021/2 de la revista Torture Journal: Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture (Revista sobre la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y la Prevención de la Tortura). Helena Solà Martín, asesora jurídica sénior de la OMCT, presentó las recomendaciones dirigidas al GTDFI.
Hoy, OMCT y IRCT publican un breve informe (disponible en inglés) que recoge las principales conclusiones y recomendaciones de la reunión.
Artículo originalmente publicado en el Blog de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el 7 de diciembre de 2022.
