

El problema de la tortura no está dotado de una dimensión relevante en la esfera pública española. Si aquello que preocupa a la ciudadanía viene, de alguna manera, conformado por cuanto se discute en sondeos de opinión, medios de comunicación y resultados electorales1, indudablemente esta cuestión no forma parte de los temas que preocupan a los ciudadanos en las encuestas del CIS2; no forma parte de la agenda temática convencional de las principales cabeceras mediáticas, y no se debate entre las propuestas electorales de los grandes contendientes partidistas.
El problema de la tortura no está dotado de una dimensión relevante en la esfera pública española. Si aquello que preocupa a la ciudadanía viene, de alguna manera, conformado por cuanto se discute en sondeos de opinión, medios de comunicación y resultados electorales1, indudablemente esta cuestión no forma parte de los temas que preocupan a los ciudadanos en las encuestas del CIS2; no forma parte de la agenda temática convencional de las principales cabeceras mediáticas, y no se debate entre las propuestas electorales de los grandes contendientes partidistas