El objetivo central de la investigación es analizar las prácticas forenses en la Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía General de la República (FGR), en la aplicación del Protocolo de Estambul sobre tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Para ello se elaboró un instrumento de análisis, que fue sometido a diferentes procesos de validación descritos en el informe, para la realización de la auditoría del cumplimiento de 21 criterios: 4 criterios generales de buena práctica en investigaciones sobre seres humanos (independencia, confidencialidad, consentimiento informado y seguridad); y 17 de buena práctica técnica.

En total, se analizaron 54 dictámenes médico-psicológicos realizados por profesionales de la PGR. Se incluyen los dictámenes de 10 mujeres y 44 hombres. Todas las personas otorgaron su consentimiento para la incorporación de los peritajes a este estudio.

Los dictámenes analizados fueron realizados por un grupo de 21 médicas y médicos y 27 psicólogas y psicólogos distintos. 

Ninguno de los criterios de buena praxis fue respetado en 38 de los 54 dictámenes: en el 75% de los casos no existe independencia del perito que evalúa y no se puede asegurar que la entrevista se hizo en un contexto de seguridad. En un casi un 25% de los casos, la entrevista se realizó sin garantías de confidencialidad, pues se hizo en presencia de personas ajenas al mismo que pudieran tener una función coactiva o intimidatoria. En relación al consentimiento informado en más de la mitad de los dictámenes se incluye un consentimiento que no detalla todo el proceso y en un cuarto de ellos directamente no hay consentimiento informado o éste se realiza bajo coerción o amenaza.

Tampoco se cumplieron la mayoría de los 17 criterios sobre buena práctica técnica. En más del 75% de los dictámenes analizados: no se realiza una evaluación integrada, sino que se aporta una evaluación independiente de la parte médica y psicológica; se realiza mayor énfasis en la historia psicosocial con inclusión de elementos potencialmente humillantes (por ejemplo, dificultades dentro de la familia, problemas de socialización…) que en la exploración psicológica y la determinación de síntomas; se realiza un uso inadecuado de test de inteligencia o test de personalidad; se omite el listado de métodos de tortura en la pericial; se ignora y no se exploran las quejas físicas y psicológicas que fueron manifestadas en el relato de hechos; se realiza un uso inadecuado de test de inteligencia o test de personalidad; se hacer un análisis de tipicidad de respuesta; y se usa la ausencia de un determinado diagnóstico para realizar una evaluación final negativa. 

En la mitad de los casos: hay una ausencia del relato literal de la persona; el/la perito trabajó a partir de un relato o recoge en el informe un resumen de hechos de elaboración propia en lugar de incluir la declaración en las propias palabras del peritado; se hace un análisis de credibilidad de la persona peritada en lugar de un análisis de credibilidad o consistencia del relato; se realiza análisis psicodinámicos de la «madurez» o «inmadurez» de la persona o su capacidad moral basándose en la historia de vida; se interpreta que la persona no presenta un determinado síntoma cuando ésta sí lo refiere; no se anexan ni dan los resultados concretos de los test utilizados; se invisibilizan las lesiones limitándose a señalar que se trata de lesiones que no ponen en peligro la vida y que tardan en sanar menos de 15 días y/o no se tienen en cuenta los años transcurridos desde los hechos hasta la exploración pericial; no se integra la información sobre exámenes anteriores; y se emite un dictamen sobre si hubo o no hubo tortura.

Por último, casi un cuarto de las periciales se da por probados hechos que proceden del relato obtenido bajo tortura.

La utilización del Protocolo de Estambul en la PGR es inadecuada. 

No se trata de acciones que se concentren en un grupo reducido de peritos, sino que se documentan dictámenes en los que participaron un total de 21 médicas y médicos y 27 psicólogas y psicólogos distintos. Existe por lo tanto un patrón institucional en el que los peritos forenses de la PGR/FGR son participantes: (1) existe una secuencia de hechos que van desde la detención, la tortura como forma de resolución de casos, la falta de adecuada certificación de las lesiones y el dictamen médico-psicológico como cierre de proceso; (2) en los casos analizados hay un determinado patrón de errores que aparecen en la mayoría de peritos, independientemente de la época y de la oficina de la PGR/FGR en que se realice la evaluación; (3) hay una persistencia a lo largo de los años en el tipo de errores y en el modo en que se usan pese a las recomendaciones y guías.

Los anteriores elementos indican que el uso del dictamen médico-psicológico como herramienta de ocultación de tortura y de cierre de procesos de investigación es, en efecto, una política institucional de la antigua PGR. 

La responsabilidad colectiva de la PGR/FGR no exonera a sus peritos, quienes en última instancia son quienes firman y se hacen responsables de estos dictámenes, ni a las direcciones y coordinaciones institucionales quienes tendrían que rendir cuentas por las prácticas de ocultamiento y connivencia con tortura evidenciadas en esta investigación. Se debe exigir responsabilidades a cada uno de los profesionales implicados en sus diferentes niveles jerárquicos y responsabilidad colectiva a la institución, con depuración y reforma de los servicios forenses, para garantizar el derecho de las víctimas a la aplicación de las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul, como el estándar mínimo para una adecuada documentación e investigación en el ámbito forense. En última instancia no puede no haber respuesta desde el Estado.