Un protocolo para los casos sospechosos de tortura en Brasil

En 2018, el Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) inició, junto a distintas organizaciones locales e internacionales, un proceso desde el que empezar a reclamar a las autoridades brasileñas que cumplan con su obligación de prevenir, investigar y castigar efectivamente la tortura. Su propósito: que Brasil actualizace sus protocolos de actuación en todos estos ámbitos y los equiparase al Derecho Internacional.

 

Desde el Centro Sir[a] tuvimos la oportunidad de colaborar en este propósito.

Imágenes de la International Bar Association (IBAHRI) 

El International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) recibió el encargo de la MNPCT de formar a sus equipos en materia de prevención de la tortura a nivel nacional. Para llevar a cabo esta tarea, IBAHRI quiso contar también con nuestro equipo.

 

Durante más de dos años recorrimos juntas diferentes estados de Brasil realizando formaciones sobre la aplicación del Protocolo de Estambul. Debatimos junto a fiscales y profesionales de la abogacía y la medicina sobre la urgencia de mejorar los mecanismos para identificar y denunciar la tortura.

 

Las profesionales del sector insistían en las dificultades para documentar y denunciar efectivamente la tortura, una práctica que -señalaban- está instalada y normalizada en centros de detención, cárceles, centros de privación de libertad para jóvenes y hospitales psiquiátricos.

Ya en 2007, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aseguró que la tortura es un problema “sistémico y estructural” en Brasil.

El Relator Especial de Naciones Unidas denunció en 2016 la impunidad con la que se ejerce la tortura en interrogatorios y detenciones en Brasil, afectando sobre todo a la población afrodescendiente y LGTBI.

Brasil es el tercer país con la mayor tasa de personas privadas de libertad del mundo, y ha sostenido esta posición a lo largo de la década. En mayo de 2022, la cifra ascendía a más de 919.000 personas.

En medio de este proceso, la MNPCT concluyó que los protocolos forenses vigentes en aquel momento representaban un enorme obstáculo para su propósito.

Era urgente actualizar las preguntas que servían para acreditar la tortura, dado que estaban basadas en una legislación penal de 1940. Especialistas locales e internacionales identificamos que existía un desconocimiento de la tortura como delito y múltiples dificultades para investigarla.

A finales de 2018, fruto del proceso, la MNPCT dio con una propuesta final de protocolo forense que presentó ante el Ministerio de Justicia.

Se trataba de un conjunto de preguntas que, ahora sí, se adecuaban a la normativa internacional en materia de prevención y castigo de la tortura.

El caso ‘Sala Vermelha’

En agosto de ese mismo año, 7 jóvenes fueron torturados por más de 12 horas por parte del Ejército, en un episodio conocido como “Sala Vermelha”, en referencia al color de la habitación en donde se producían los abusos. Los jóvenes fueron detenidos en medio de un macroperativo en Vila Cruzeiro, al norte de Río de Janeiro.

Tras pasar un año y siete meses en prisión preventiva, el grupo fue absuelto al quedar acreditada la tortura que sufrieron por parte del Ejército, gracias a un detallado informe basado en el Protocolo de Estambul. Esto sentó un precedente histórico, dado que se trató de la primera pericial apoyada en este manual en el país.

En 2021, tras años de trabajo, la MNPCT consiguió que el Consejo Nacional de Justicia de Brasil aprobase la realización de exámenes forenses para los casos sospechosos de tortura o malos tratos, siguiendo las recomendaciones de todas las entidades involucradas. La aplicación de este nuevo mecanismo para documentar y denunciar la tortura significó un paso histórico en el país.

 

Para nosotras es un orgullo haber contribuido desde el apoyo técnico a un cambio tan relevante.

Sin embargo, pese a este importante avance, la llegada al gobierno de Jair Bolsonaro, significó la degradación progresiva de todos los mecanismos adoptados hasta la fecha. Diferentes organizaciones locales denunciaron ante la ONU, en marzo de 2022, el desmantelamiento del Sistema Nacional de Prevençao e Combate à Tortura.

Ahora, con el cambio de gobierno tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022, es un momento especialmente relevante para conocer qué pasos dará el nuevo ejecutivo en materia de prevención de la tortura.

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