ElDiario.es desvela un Protocolo policial para agentes en Frontera que no solo criminaliza a las personas en movimiento, sino que también invisibiliza a las posibles víctimas de tortura y malos tratos.
El pasado 7 de mayo, elDiario.es publicó un artículo en el que describe las directrices que la Dirección General de Policía ha difundido entre sus agentes en Frontera, para «identificar a los miembros de las mafias que viajan junto a los migrantes en las pateras y detectar a posibles terroristas camuflados”. El Protocolo recoge una serie de indicios que según las autoridades servirían para detectar a los miembros de las redes mafiosas: estar sentado próximo a los motores de la embarcación; parecer estar custodiando la comida, el agua o la gasolina del grupo; o reflejar una actitud de liderazgo, en lugar de un comportamiento vulnerable, entre otras.
En lo que se refiere a la identificación de posibles miembros de grupos violentos, el protocolo también establece una lista de indicadores: que la persona haya sufrido la amputación de alguno de sus miembros, que presente moratones o bien heridas de arma blanca o de bala, o que cuente con un alto número de cicatrices en su cuerpo. Todos, serían indicativos para la Policía de que se está delante de un posible terrorista.
Como organización que cuenta con una larga trayectoria en el acompañamiento integral a personas migrantes supervivientes de tortura, entendemos que este Protocolo no solo supone una criminalización de las personas en movimiento, sino que también invisibiliza a las posibles víctimas de tortura y malos tratos.
En primer lugar, la instrucción pasa por alto la posibilidad de que quienes ocupan los aparentes “puestos de mando” puedan ser personas forzadas a asumirlos por las propias redes que organizan el viaje, y que permanecen en tierra. Un informe de Naciones Unidas aclara que los conductores de lanchas rara vez están asociados a grupos delictivos organizados y que, si acaso lo están, se trata de actores de muy bajo nivel. Durante 2023, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Irídia, identificó al menos 4 niños en prisión preventiva acusados de tráfico de personas.
Por otro lado, en nuestra experiencia como Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, no entendemos cómo se puede reducir la ubicación y la forma de las secuelas físicas de las personas en movimiento, a indicios para identificar a posibles miembros de grupos violentos. El tamaño, el color, la ubicación, la forma o el relato del origen de las heridas físicas son precisamente indicadores que en muchas ocasiones nos advierten de que estamos frente a una víctima de tortura. En el caso de las personas recién llegadas, podrían servirnos además como señal de que la persona necesita asistencia terapéutica y clínica urgente. Al poner el foco en las secuelas físicas, este Protocolo pone en riesgo e invisibiliza a las posibles víctimas.
En muchas ocasiones, las supervivientes de tortura presentan lesiones físicas como consecuencia de los procesos de tortura que han sufrido tanto en sus países de origen, como en los países de tránsito. Quienes realizan su viaje migratorio de África hacia España, en un importantísimo número de casos, se enfrentan a violencias sistemáticas que dejan marcas imborrables en el cuerpo, y que incluyen agresiones físicas extremas, explotación laboral, pobreza extrema, secuestros o violencia sexual. En nuestro informe “Laberintos de Tortura”, examinamos los impactos físicos y psicológicos de estas violencias y determinamos que el 97,7% de los casos analizados sufrió agresiones físicas.
La violencia sufrida en el tránsito genera un impacto físico y psicológico en muchas ocasiones permanente o intratable. ¿Cuánto daño puede generar a una víctima de tortura, que escapa de una situación límite, ser además acusada de pertenecer a un grupo violento?
”El funcionariado en Frontera puede jugar un papel clave en la identificación temprana de las víctimas de malos tratos y tortura, así como en la puesta en marcha de un proceso de derivación que le ofrezca atención, seguridad, y evite la revictimización.
Tal y como llevan denunciando desde hace años las organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan en Frontera, el único camino eficaz para evitar muertes y combatir la trata de personas, es la garantía de contar con vías legales y seguras para las personas en movimiento. Según el colectivo Caminando Fronteras, 6.618 personas perdieron la vida en la Frontera Occidental Euroafricana en su camino hacia el Estado Español. Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) contabilizó que en 2023, hasta 2.789 personas perdieron la vida o desaparecieron en la Frontera Sur intentando llegar a territorio español.
Lejos de trabajar por la securitización y criminalización de las fronteras, en un escenario semejante, cabe que el Estado redirija sus esfuerzos hacia el respeto de los derechos fundamentales de las personas recién llegadas, especialmente en Frontera. Esto incluye tanto asegurar el acceso a una asistencia letrada y a una intérprete en caso de detención; como la garantía de unas condiciones de acogida dignas. La falta de información, la deshumanización y las condiciones de hacinamiento que sufren las personas en los Centros de Acogida, no hacen más que reavivar los impactos previos que sufren las personas.
Respecto a las supervivientes de tortura, no puede pasarse por alto que el funcionariado en Frontera puede jugar un papel clave en la identificación temprana de este tipo de perfiles, así como en la puesta en marcha de un proceso de derivación que le ofrezca atención, seguridad, y evite la revictimización. Para conseguir esto, cabe que los agentes fronterizos reciban una amplia formación sobre el riesgo y las consecuencias de la tortura, los signos de alerta temprana, así como sobre las propias responsabilidades de los Estados con respecto a las víctimas de la tortura.
España, como país firmante de la Convención contra los Malos Tratos y Tortura de Naciones Unidas, tiene la obligación de garantizar el derecho a la rehabilitación de las personas. Es su trabajo garantizar que las personas migrantes supervivientes de tortura sean identificadas lo antes posible mediante un examen adecuado, de conformidad con el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Protocolo de Estambul.
