Primera brecha en el muro de impunidad de los crímenes del franquismo

Por primera vez en la historia, un Juzgado español toma declaración a una víctima de torturas durante la dictadura franquista. Tras la suspensión de las declaraciones el pasado 14 de julio, en el día de hoy, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha tomado declaración a Julio Pacheco Yepes, como consecuencia de las torturas que sufrió en agosto de 1975 en la Dirección General de Seguridad en Madrid, en la que participaron diferentes miembros de la Brigada Político-Social, la policía política durante la dictadura. También se ha tomado declaración a Rosa García, en su condición de testigo y en relación con las torturas sufridas por Julio Pacheco.

El 12 de mayo de 2023, la Jueza titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, Doña Ana María Iguácel Pérez admitía a trámite la querella criminal presentada por Julio Pacheco y señalaba el 14 de julio como fecha para tomar declaración al querellante y a la testigo. Ese día en el momento en el cual se iba a tomar la declaración, el Juez de refuerzo que había sido asignado al Juzgado, D. Fernando Muñoz Leal, decidió suspender dichas declaraciones sin previo aviso, ofreciendo como única explicación que debía reexaminar la causa.

En el día de hoy, las declaraciones se han desarrollo con normalidad durante dos horas, aportando datos e información los declarantes sobre los hechos que fueron objeto de denuncia ante el Juzgado. El equipo jurídico ha valorado positivamente que “todas las preguntas han ido dirigidas a esclarecer los hechos y continuar con la investigación.” Durante la declaración han estado presente la jueza titular del juzgado Instrucción número 50 y la fiscalía, así como ha asistido como apoyo al anterior una fiscal adscrita a la fiscalía de sala de memoria democrática, Doña Virginia García Aller.

El querellante, Julio Pacheco, está muy satisfecho con su declaración destacando la relevancia que tiene el que por fin un Juzgado tome declaración, en el marco de un proceso penal, a una persona que sufrió graves vulneraciones punibles de derechos humanos durante la dictadura franquista. El querellante ha descrito el trato recibido por parte de la jueza como “muy amable y receptiva, con un tratamiento muy bueno; me he sentido muy a gusto y tranquilo.” Asimismo, ha expresado: “el proceso sigue y yo creo que el proceso va a seguir. Es empezar ya a romper el muro este del silencio y de impunidad que tenemos y que hayamos declarado hoy nosotras significa que puede haber más y que podemos, por fin, tener justicia aquí en el Estado español.”

Desde CEAQUA, Amnistía Internacional, Iridia y Sira, queremos destacar que esta es la primera vez que un Juzgado español toma declaración a una víctima de torturas durante el franquismo, en un contexto de crímenes contra la humanidad, siendo este hecho tan importante como excepcional.

Debemos recordar que más de cien querellas en las que se denunciaban crímenes contra la humanidad, crímenes franquistas, han sido archivadas, algunas de ellas con posterioridad a que se promulgara la vigente Ley de Memoria Democrática.

El Estado español actualmente, aun teniendo en cuenta el avance y la dinámica que en este ámbito puede generar la admisión a trámite de la querella que en su día presentó Julio Pacheco, mantiene un marco de impunidad general que sigue impidiendo la investigación judicial de los crímenes franquistas.

Por ello, desde las organizaciones de derechos humanos queremos interpelar al poder judicial, al legislativo y al ejecutivo, y la fiscalía para que adopten todas las medidas necesarias e imprescindibles para que este hecho excepcional se convierta en un hecho habitual, en definitiva, para que se reviertan de una vez por todas las políticas de impunidad mantenidas hasta la fecha.

Además, recordamos a las formaciones políticas que las medidas legislativas adoptadas hasta ahora no garantizan plenamente y de forma efectiva el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las víctimas de los crímenes franquistas. Son necesarias medidas legislativas ajustadas, rigurosas y mucho más ambiciosas, siempre en consonancia con lo exigido desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para revertir las políticas de olvido e impunidad mantenidas desde que hace ya casi 45 años se promulgó la Constitución Española.

Continuaremos presentando querellas en los Juzgados y Tribunales españoles y reclamando el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición hasta romper el muro de impunidad que impiden la investigación de los crímenes franquistas.