Desenmascarando la tortura en México

Diversas organizaciones en defensa de los DDHH han documentado que la tortura es una práctica generalizada en México y empleada impunemente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país. Especialmente, en el marco de las investigaciones criminales. En 2003, México se convirtió en el primer país en elaborar un mecanismo de documentación e investigación de posibles hechos de tortura basándose en el Protocolo de Estambul (PE), el manual de referencia de la ONU para acreditar éstas prácticas.

 

Lo llamaron dictamen médico- psicológico.

Presentación del Grupo Independientes. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Durante años, el Protocolo de Estambul (PE) ha servido para capacitar a profesionales de la salud, abogadas, psicólogas o defensoras de DDHH en la investigación y documentación – jurídica y clínica – de la tortura y otras formas de malos tratos. Sin embargo, en algunos casos, lejos de servir como una herramienta de acceso a la justicia, el PE ha sido utilizado como un instrumento desde el que ocultar y cronificar este tipo de prácticas.

 

Durante los últimos 20 años, en México se han emitido multitud de informes y recomendaciones por parte tanto de organismos nacionales e internacionales, como el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas o la organización Physicians for Human Rights. Todas, se referían al uso incompleto e inadecuado del PE por parte del personal de la ex Procuraduría General de la República (PGR), actual Fiscalía General de la República (FGR), poniendo especial énfasis en la falta de equipos multidisciplinarios, de rigor técnico, de ética, y de voluntad y compromiso político.

Frente a este escenario, un grupo de peritos y peritas especialistas en el Protocolo de Estambul, formado por profesionales de la abogacía, la medicina y la psicología, emprendieron una investigación en 2019 para auditar el trabajo de las forenses del Estado, bajo el nombre de “Grupo Independientes”.

 

De este equipo de expertas, formaban también parte miembros del Centro Sir[a].

Se analizaron 54 dictámenes médico-psicológicos elaborados por la PGR/FGR.

 

Los informes periciales fueron realizados a 10 mujeres y 44 hombres que alegaban haber sufrido torturas por parte de agentes estatales en casas, bodegas, su domicilio particular, instalaciones de la Policía Federal o la Jefatura de la Secretaría de Marina, entre otros.

 

La finalidad más frecuente de las alegaciones de tortura era la búsqueda de la autoinculpación en casos de secuestro y homicidio, pero también obtención de información o represión política.

 

El análisis se basó en un instrumento que analizaba elementos de mala praxis y mala práctica deontológica.

Se encontraron errores técnicos y éticos que difícilmente se pueden atribuir a una falta de conocimiento:

Descartar el testimonio de una persona por no encontrar huellas físicas visibles años después de los hechos denunciados.

Incluir relatos que no corresponden al de la víctima.

Incorporar comentarios sobre las prácticas sexuales o conductas afectivas no normativas como indicadores de amoralidad o psicopatía

Realizar las entrevistas en presencia de personas que pueden tener una función intimidatoria, como policías, entre otras.

Un instrumento para ocultar la tortura

Este patrón de negligencias aparecen en la mayoría de las evaluaciones, independientemente de la época, de la profesional o de la dependencia (PGR/FGR) en la que se hayan realizado. Esto no sólo demuestra la extensión y persistencia de estas prácticas, sino que también acredita la existencia de una política institucionalizada de encubrimiento.

El PE ha sido utilizado en México durante años por las instituciones nacionales como un instrumento para ocultar la tortura . Bajo el paraguas aparentemente científico del dictamen médico – psicológico, se taparon graves violaciones de DDHH que permitieron no solo dar credibilidad a pruebas ilícitamente obtenidas, sino que también sirvieron para negar a las víctimas su derecho a un procedimiento judicial justo, multiplicando de esta forma las vulneraciones.

El Grupo Independientes concluyó en el informe “Encubriendo la tortura” a finales de 2020, que era urgente exigir responsabilidades a todas las profesionales implicadas en la cronificación de estas negligencias, tanto a nivel individual, como a la propia estructura que las ampara.

 

Contar con mecanismo independiente que evalúe a los peritos forenses del Estado; instar a las profesionales a denunciar los hechos que les impidan una adecuada investigación de la tortura; o analizar la responsabilidad penal de las personas implicadas y las consecuencias que tuvo su mala praxis en las víctimas, son algunas de las recomendaciones que realizamos en la investigación.

Desde la publicación de este informe, el país ha pasado a adoptar una narrativa de reconocimiento de la tortura, sin que esto se traduzca realmente en su erradicación. Las denuncias por parte de organismos sobre la perpetuación de esta práctica y mala aplicación del PE han seguido sucediéndose. Pese a ello, la investigación sí ha servido como referencia para la mejora técnica en los procesos periciales.

Es necesario continuar monitoreando la documentación de la tortura en México, para garantizar que las personas tengan procesos judiciales justos y que no vuelva a oscurecerse la verdad.

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