Diversas organizaciones en defensa de los DDHH han documentado que la tortura es una práctica generalizada en México y empleada impunemente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país. Especialmente, en el marco de las investigaciones criminales. En 2003, México se convirtió en el primer país en elaborar un mecanismo de documentación e investigación de posibles hechos de tortura basándose en el Protocolo de Estambul (PE), el manual de referencia de la ONU para acreditar éstas prácticas.