En el año 2021, el GAC inicia una investigación a través de los testimonios recogidos en evaluaciones periciales realizadas durante los años 2019 y 2021 en el marco de procesos de solicitud de protección internacional en España. Se analizaron un total de 43 evaluaciones (40 hombres y 3 mujeres), con la intención de:

1. Visibilizar las violencias y vulneraciones de derechos que se recogen en las voces de personas que han conseguido sobrevivir al camino, señalando cuando se puede, la sistematicidad y los responsables de las violencias y malas prácticas que se describen. 
2. Analizar en profundidad, y con una mirada psicosocial, los impactos que estas vulneraciones y violencias tienen en la salud mental y física de las personas.

Debido a esta metodología de selección de la muestra, existen ciertas limitaciones relacionadas con la representatividad de la misma, afectando principalmente a la falta de muestra de mujeres, así como también a las rutas migratorias que han podido ser estudiadas. 

Para las evaluaciones se utilizó el “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Protocolo de Estambul (PE)” elaborado por la ACNUDH. 

Según los resultados, la totalidad de la muestra donde se pudo saber este dato fue víctima de tráfico de seres humanos. El 55.8% sufrieron secuestros y el 25.6% detenciones, en las cuales el 67.4% refirieron haber sido víctimas de tortura y malos tratos, además de ser testigo del sufrimiento y muerte de otras personas. Además de estas violencias específicas prácticamente el 100% de las personas entrevistadas sufrieron algún otro tipo de violencia física, y más del 85% vivieron en condiciones de pobreza extrema durante el viaje, sufriendo también situaciones de exclusión y discriminación con violencia en los países de tránsito (principalmente Marruecos y Libia).

Respecto a los impactos, el 83.7% de las personas entrevistadas presentaban trastorno de estrés postraumático y el 55.8% trastornos depresivos. El 93% habían sufrido un empeoramiento de su estado físico, de las cuales para un 23.3% estos impactos suponían una discapacidad, repercutiendo por lo tanto directamente en su proceso de adaptación y en todas las esferas de su vida personal y profesional posterior. Además, la percepción de inseguridad (riesgo contra la integridad física y la vida sin protección) de pérdida de control (la impotencia frente a formas extremas de violencia, la falta de comprensión del contexto y la práctica imposibilidad de desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento) y el deterioro de la identidad y la dignidad, pueden provocar en algunos casos sentimientos de miedo, indefensión y humillación de carácter crónico.  

La violencia en tránsito, en la mayoría de los casos, ha provocado un impacto ontológico, afectando la manera de ver el mundo, la confianza en las otras personas o en una misma y la relación con el entorno familiar o social. Es en este estado de desequilibrio en el que las personas deben hacer frente a una adaptación en el país de acogida que en la mayoría de los casos está rodeada de incertidumbre, condiciones atencionales sociosanitarias precarias, con procesos burocráticos excesivamente largos y de difícil comprensión. Este contexto puede configurar una posible retraumatización o revictimización, la cual puede genera un elevado riesgo de agravamiento de los impactos previos, profundizando en cuadros clínicos crónicos.

Esta investigación evidencia el riesgo a sufrir tortura, malos tratos o trato inhumano, cruel o degradante, al que están expuestas las personas que se desplazan en todas las etapas del viaje migratorio desde África hacia Europa. Puede concluirse que, toda la violencia reportada sirve como elemento coercitivo para impedir que las personas migrantes puedan continuar el viaje ante lo extremo de la experiencia vivida, sin embargo, el único efecto real que se consigue con estas medidas es la exposición de las personas que se desplazan a más violaciones de los derechos humanos. Los Estados africanos, así como la UE a través de los acuerdos de externalización de fronteras y la condicionalidad de la ayuda al desarrollo a estos países en función del cumplimiento de dichos acuerdos, son responsables de estas violaciones de derechos humanos las cuales son cometidas en muchas ocasiones por funcionarios estatales, o en su defecto son ejercidas por parte de agentes no estatales con la omisión y/o ausencia de protección por parte de los Estados, lo cual supone una flagrante violación de las normas imperativas internacionales.

Este estudio demuestra que la violencia en tránsito genera un sufrimiento o daño severo, en ocasiones permanente o intratable. En muchos casos, el daño con que la persona inicia el viaje migratorio se exacerba por las violencias sufridas durante el tránsito, lo que aumentará más aún si cabe la sensación de inseguridad, indefensión y pérdida de control. El hecho de que la violencia haya sido ejercida por múltiples actores en contextos muy diversos conllevará en la mayoría de los casos una cristalización de la visión negativa del mundo y del ser humano. Además, si la violencia, o la percepción de desprotección, se mantiene a su llegada a Europa, existe un riesgo alto de que la afectación se profundice y aparezcan cuadros clínicos de compleja remisión. Por ello, tras el tránsito migratorio, debe garantizarse un periodo en condiciones de seguridad, estabilidad, control y dignificación, siendo para ello imprescindible la existencia un sistema de acogida especializado.

Ante esta situación, es imprescindible la modificación de las políticas migratorias, posicionando el foco de éstas en la garantía al respeto de los derechos humanos y la vida de aquellas personas que migran. Los Estados deben garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes cuyos derechos humanos se hayan visto afectados como resultado de las políticas migratorias y las medidas adoptadas con terceros países. Tras el tránsito migratorio, muchas personas muestran en su llegada a la UE una situación de especial vulnerabilidad en relación con su salud física y psicológica, que afecta a su funcionamiento social. Estas personas requieren un periodo de restablecimiento que garantice condiciones de seguridad, estabilidad, control y dignificación, siendo para ello imprescindible garantizar un sistema de acogida especializado.