Campo de Moria

En el marco de la denominada “crisis de los refugiados” del año 2015, se crea el campo de Moria en la isla de Lesbos, por parte del gobierno griego en colaboración con la Unión Europea (UE), destinado a la gestión de las personas que llegaban provenientes de Turquía. El campo estuvo en activo hasta el año 2020, recibiendo durante todo este tiempo constantes quejas de organismos nacionales e internacionales en relación con las condiciones de vida y violencia que vivían las personas alojadas en este espacio. 

En febrero de 2020, el gobierno turco amenazó con romper el acuerdo con la UE abriendo sus fronteras las personas refugiadas que provenían de Siria, en una medida geopolítica de presión. Tras esta tensión generada por esta situación, los campos griegos volvieron a recibir llegadas masivas y a estar abarrotados, alojando el campo de Moria a 20.000 personas en marzo de 2020, teniendo éste una previsión de capacidad para 3.000. Inicia además en este contexto la pandemia por COVID-19.

En este momento, el GAC inició una investigación para recabar información, desde la óptica de los entornos torturantes, acerca de las condiciones del campo de personas refugiadas de Moria hasta al incendio que terminó por destruir el campo en septiembre de ese mismo año. Tras este suceso se publicó el dossier Arquitectura de la tortura en Europa: los últimos datos del sufrimiento en Moria (disponible también en inglés), con los resultados preliminares de dicha investigación.

Los datos completos se recogen en el informe “Arquitectura de la tortura en Europa. Los campos de refugiados como entornos torturantes: Estudio del campo de Moria”, y en el artículo académico “Refugee Camps as Torturing Environments—An Analysis of the Conditions in the Moria Reception Center (Greece) Based on the Torturing Environment Scale”.

[Informe] Arquitectura de la tortura en Europa

Los campos de refugiados como entornos torturantes: Estudio del campo de Moria

Moria, entorno torturante

El Campo de Moria estuvo activo en la isla de Lesbos desde el año 2015 hasta septiembre de 2020, momento en el que tuvieron lugar los incendios que acabaron con él. Al final de sus días, terminó por convertirse en el campo de personas refugiadas más grande de Europa.

El campo fue creado por el gobierno griego, y en colaboración con la Unión Europea (UE), en el marco de la denominada “crisis de los refugiados” del año 2015, crea el Campo de Moria para la gestión de las personas que llegaban provenientes de Turquía. Durante todo el tiempo que funcionó el campo no dejó de recibir quejas en relación con las condiciones de vida y violencia que vivían las personas alojadas en este espacio. 

En febrero de 2020, el gobierno turco amenazó con romper el acuerdo con la UE abriendo sus fronteras las personas refugiadas que provenían de Siria, en una medida geopolítica de presión, lo que generó que el gobierno griego suspendiera hasta nueva orden la posibilidad de solicitar protección internacional en su territorio, bloqueando con ello a gran número de personas migrantes en las fronteras y haciendo retroceder a los que intentaban entrar por el mar Egeo. Tras la tensión generada por esta situación, los campos griegos volvieron a recibir llegadas masivas y a estar abarrotados; como señaló Amnistía Internacional, el campo de Moria, con capacidad para 3000 personas, alojaba a 20.000 en marzo de 2020 (de las que entre 6.000 y 7.000 eran menores de 18 años). 

La población que ha pasado por Moria ha sido víctima de fuertes impactos en su propia identidad, viendo quebradas sus capacidades humanas para confiar en los demás, cambiando de forma radical su visión del mundo. En este sentido, la percepción de que hay personas que, no solo permiten que esto ocurra, sino que son directas perpetradoras de la violencia, supone uno de los mayores impactos para las víctimas.

A lo largo del año 2020, el GAC emprendió una investigación para recabar información acerca de las condiciones del campo de personas refugiadas de Moria en Lesbos.

¿Qué impacto tienen las condiciones de acogida?

Este informe recoge los datos relacionados con las condiciones de vida que se daban en el campo durante su último periodo, hasta el incendio que terminó por destruirlo. Estos ayudan a entender su consideración de entorno torturante y las circunstancias que pudieron llevar a los incendios.

El estudio tiene como objetivos principales:

  1. Analizar las condiciones de vida de las personas refugiadas en el campo de Moría (Lesbos) a través de entrevistas semi-estructuradas en una muestra aleatoria representativa de personas refugiadas.
  2. Estudiar el perfil de violencias sufridas en el trayecto migratorio, así como las violencias sufridas durante la estancia en el campo por las personas alojadas en él.
  3. Analizar el sufrimiento psicológico de las personas refugiadas a través del uso de medidas de impacto emocional individual y familiar;
  4. Comprobar si dichas condiciones podrían corresponder a un entorno de tortura, conforme al marco conceptual que define este concepto.

El estudio analiza las condiciones de vida de las personas refugiadas en el campo de Moría en una muestra de un total de 160 personas, de las cuales 80 eran mujeres y 80 hombres. Para ello se emplearon entrevistas semiestructuradas basadas en las TES junto con tres instrumentos de apoyo: la escala WASSS, una escala de salvaguardas jurídicas y otra de violencias específicas en el campo. 

Amenazas, inseguridad y miedo

Los datos muestran un contexto donde se producen múltiples ataques a las funciones básicas del ser humano: el 100% refería haber pasado hambre en algún momento, dificultades de acceso al agua para ingesta, dificultades para micción o defecación, así como para aseo o ducha y haber sufrido por las condiciones de temperatura o humedad. El campo, ideado para alojar a 3000 personas, alojaba a 22000 en febrero de 2020. Más del 90 % señalaban situaciones de hacinamiento y falta de privacidad), imposibilidad para descansar, así como dificultades para recibir atención médica.

Existen numerosos elementos en el campo que generan un entorno de inseguridad y miedo constante. Un 65% refiere haber recibido amenazas graves hacia ellos o hacia sus familiares, llegando en ocasiones a golpes o palizas (36%). Resulta especialmente alarmante que el 41% de las mujeres y el 8% de los hombres informe de situaciones de abuso sexual). El 78% de personas entrevistadas han sido testigos de violencia sobre otras personas. Estos elementos dan una aproximación del entorno intimidatorio y violento que se vivía en el campo. 

En la misma línea, existen números factores que impiden tener una sensación de control sobre la propia vida. En este sentido, el 64% no tenía claridad sobre las normas o reglas del campo porque éstas cambiaban o no eran explicadas de forma adecuada. Un 60% de las personas sentían una imposibilidad para establecer rutinas, pese a residir durante años en el campo. El 80% de personas tampoco tenían información respecto a su situación administrativa o legal, generando así situaciones de indefensión jurídica y/o administrativa. Esta situación favorece además la aparición de noticias falsas y desinformación en el campo. Un tercio de las personas que residían en el campo, lo percibían como un entorno de sumisión completa, apareciendo sentimientos de humillación, indignidad y/o vergüenza. 

Todos estos elementos descritos anteriormente generaron niveles de sufrimiento físico y emocional muy elevados: El 89% refirió emociones de desesperanza frecuentes o muy frecuentes desesperanza. Un tercio de las personas entrevistadas refirieron tener ideas de suicidio repetidas y continuadas, y prácticamente en su totalidad (94%) había pensado en ello en algún momento. Las ideas de suicidio son la punta del iceberg, de un malestar emocional extremadamente complejo compuesto por emociones de miedo, rabia, apatía y desesperanza, presente en casi todas las personas.

Un entorno torturante

A través de los datos aportados en este informe, se puede afirmar que el Campo de Moria, que ha venido funcionando en la isla de Lesbos entre los años 2015 y 2020 asentando sobre un centro de recepción de migrantes existente previamente, configuraba un espacio que desde un análisis de carácter médico psicológico constituía un entorno torturante. La privación indirecta del sueño, la falta de una alimentación mínima y adecuada, el aislamiento comunicativo, la exposición a temperaturas extremas sin la posibilidad de protegerse ante ellas, sumado a las constantes humillaciones, amenazas y ejercicios de violencia por parte de los funcionarios públicos, generan en su conjunto un efecto combinado que es lo que permite definir el campo como un entorno de tortura.

La población que ha pasado por Moria ha sido víctima de fuertes impactos en su propia identidad, viendo quebradas sus capacidades humanas para confiar en los demás, cambiando de forma radical su visión del mundo. En este sentido, la percepción de que hay personas que, no solo permiten que esto ocurra, sino que son directas perpetradoras de la violencia, supone uno de los mayores impactos para las víctimas. 

Estos datos venían siendo denunciados por organismos internacionales desde hace más de un lustro, sin que hubieran existido ninguna acción efectiva para garantizar los derechos de las personas que residían en el campo. Gobiernos y autoridades europeas han permitido que estas personas permanecieran durante meses, e incluso años, encerradas en unas condiciones abiertamente maltratantes. Al mismo tiempo, Moria no supone un caso aislado, sino que es un ejemplo de la política migratoria que la Unión Europea ejerce sobre su territorio.

Informe completo

Coordinación de la investigación:

Pau Pérez-Sales

Diseño de investigación e instrumentos:

Pau Pérez Sales (psiquiatra)

Irene Redondo Palomar (periodista)

Andrea Galán Santamarina (psicóloga)

Sara López Martin (jurista)

Laia Costa (jurista)

Gabriela López Neyra (psicóloga)

Análisis estadístico y psicometría:

Andrea Galán Santamarina

Coordinación del equipo en Moria:

Irene Redondo Palomar

Consultoría y Asistencia en Discusión y Análisis de Datos:

Mikel Araguás (sociólogo)

Patricia Fernández Vicens (abogada)

Salvador Lacruz (comunicador social)

Fotografía

Irene Redondo Palomar

Iñaki Aguirre Pérez

Fotografía de la portada

Iñaki Aguirre Pérez

Diseño y maquetación

Grupo de Acción Comunitaria

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