En la primera década de los años 2000, los principales organismos internacionales (Naciones Unidas a través de su Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y de su Comité contra la Tortura (CAT), el Consejo de Europa a través de su Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), Amnistía Internacional, etc.) han mostrado su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en España, principalmente en las personas detenidas en régimen de incomunicación en el contexto del País Vasco. Además, a este panorama se añade la existencia de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenando al Estado español por no haber investigado denuncias de tortura. Estas instituciones 

En este marco, en el año 2012 más de 30 profesionales de la psiquiatría, psicología, medicina forense y abogacía y 8 organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Grupo de Acción Comunitaria (GAC), inician una investigación donde se realiza un análisis de credibilidad y verosimilitud de las alegaciones de malos tratos o torturas en base a los estándares periciales internacionales en la materia. 

Los resultados de la investigación mostraron, en base a criterios científicos, la existencia de casos de tortura en las últimas décadas en el País Vasco. Afirmando que, las denuncias de las personas vascas detenidas incomunicadas no pueden considerarse meras fabulaciones, sino que son creíbles y se ha llegado a obtener una amplia evidencia, incluida de naturaleza médica, coherente con las denuncias de maltrato. En el informe se señalan también recomendaciones al Estado, a las instituciones legislativas y judiciales respecto a la documentación de la tortura, a la justicia y a la atención a las víctimas, así como un análisis de las medidas de reparación posibles desde la perspectiva de los supervivientes.